Permisos iguales e intransferibles, o como incrementar los derechos de los padres en el país de Europa donde las madres disponen de menos apoyos
Publicado el 27 de octubre de 2016 en Público - Econonuestra
Patricia Merino, autora de Maternidad, Igualdad y Fraternidad de próxima publicación en Clave Intelectual
El Congreso ha aprobado el pasado 18 de octubre una proposición
no de ley para implementar en España permisos iguales e intransferibles de 16 semanas.
Si esta medida se implantase, la situación de las madres no iba a experimentar ningún
cambio respecto de la actual, mientras que los padres tendrían derecho a 16 semanas
de licencia pagada al 100% de la base reguladora, exactamente igual que las
madres ahora. Puesto que la medida ha sido propuesta por partidos de izquierdas
y con aires “alternativos” deberíamos suponer que la medida está destinada a
traer más bienestar, justicia e igualdad para toda la ciudadanía. Sin embargo,
si infancia y madres se consideran parte de esa ciudadanía, no se puede afirmar
que tal cosa sea cierta. La implementación de tales permisos en España nos pondría
a la cabeza de Europa en duración total de permisos paternos remunerados intransferibles
para los padres: 4 meses frente a los 3 de Suecia, Noruega, Islandia y Portugal,
y los 2 de Alemania. Mientras tanto, las madres españolas tienen ya hoy, junto
con las maltesas, el dudoso privilegio de ser las europeas que disponen de
menos tiempo total de licencia remunerada para pasar junto a su bebé: frente a
las 16 semanas de las españolas, las suecas pueden disponer de 14 meses; las noruegas,
finlandesas, danesas, alemanas, austriacas, eslovacas, húngaras y checas de 12
meses; las británicas de 9 y las islandesas de 6. En la gran mayoría de los países
europeos las licencias parentales son transferibles en la mayor parte de su
duración, y las familias las pueden repartir de la manera que mejor les
convenga; incluso Islandia, hasta ahora paladín de “la igualdad” entendida como
igualitarismo -un puesto que del que sería desbancada por España si la medida
se aprueba– tiene 3 meses transferibles. Es importante recalcar que Suecia y Noruega
implementaron sus permisos intransferibles para los padres allá en los 90 cuando
las familias ya disponían de 12 meses de licencia remunerada trasferible para
la crianza, una licencia que consumen las madres en su mayor parte. En Noruega,
se decidió en 2014 reducir la cuota paterna intransferible de 14 a 10 semanas aumentando
el periodo transferible, debido al escaso uso que los padres hacían de ella; y en
Dinamarca hubo una fugaz cuota paterna intransferible que se erradicó en 2002.
La implementación de unos permisos iguales e
intransferibles no nos equipararía a Europa sino todo lo contrario, nos
convertiría, una vez más, en una rara excepción, en este caso, por la imposición
de un reparto inflexiblemente igualitarista de los permisos, solo comparable en
este aspecto a los nuevos permisos portugueses.
Hay que ser muy consciente de que lo que se gaste en permisos
para los padres es lo que no se va a poder invertir en otras prestaciones para
la infancia y la conciliación; y sobre todo que su implantación implicaría que durante
muchos muchos años no podremos siquiera soñar en una ampliación de los permisos
para las madres. Se ha calculado en 1500 millones de euros la inversión
necesaria para implementar esta medida, frente a los 200 millones que cuestan hoy
los permisos parentales, lo que significa un incremento de la cuantía actual en
más de 6 veces: La inversión que esto supone podría perfectamente financiar
unos permisos transferibles de más de 12 meses para repartir libremente entre
la pareja, e incluso para también incrementar el actual permiso paterno.
No es esta una política que atenué el patriarcado sino
todo lo contrario. Los partidos de derechas son conscientes de ello, y por eso
no se oponen –su única preocupación es la financiación–. Cuando gobiernen,
ellos darán la bienvenida a una medida que, además de satisfacer las
aspiraciones de los padres cuya preocupación gira en torno al reforzamiento de
sus derechos legales sobre su descendencia, son otra vía por la que asignar aún
más recursos a quienes ya los tienen, y así, agudizar aún más la feminización
de la pobreza, y el desequilibrio de las transferencias recibidas por quienes
están en los niveles altos de renta y quienes están en los niveles medios y
bajos.
Tampoco esta medida va a alterar el actual patrón de abandono
del mercado laboral por parte de las mujeres debido a la maternidad. Algunas pocas
mujeres funcionarias o con posiciones sociolaborales muy seguras, podrán, como hasta
ahora, tomar excedencias si lo desean; muchas seguirán sin poder permitírselas;
y muchas otras seguirán dejando el mercado laboral para cuidar en vista de la insuficiencia
de los permisos. A las únicas mujeres a las que esta medida se supone que beneficia
es a las que no son madres (o no ejercen como tales) y que además, cifran su
realización personal únicamente en su competitividad laboral.
Resulta tristemente irónico que en un país caracterizado
por su miserable inversión en conciliación, especialmente en lo relativo a las transferencias,
cuando por fin se plantea una inversión importante, hete aquí que esta no se
destina a la infancia –en un país con un tercio de los menores en riesgo de
exclusión social-, ni tampoco a las madres -con los permisos combinados más
cortos de Europa-, sino a los padres, y entre ellos, a quienes sí tienen empleo.
También es irónico que algunos partidos que presumen de luchar contra la
alienación y las agresiones a las que el capitalismo neoliberal nos somete, aunque
efectivamente defiendan enardecidamente a los “trabajadores” frente a ellas, estén,
sin embargo, dispuestos a dejar a madres y a criaturas a la merced del rodillo
neoliberal.
La propuesta ha sido alegremente aprobada por el Congreso
sin oposición, por lo que presumiblemente el nuevo gobierno se pondrá manos a
la obra para orquestar una medida que es agraviante para las madres españolas,
y dañina para las criaturas que nacen en este país. No sería sorprendente que sean
capaces de implementarla sin consultar la opinión de la ciudadanía y de las madres
reales, puesto que, de hecho, sus intereses y sus demandas son ignorados en
esta reforma. Es difícil imaginar que quienes han votado a favor de la
propuesta crean realmente que tales permisos puedan llevar a construir una
sociedad más justa e igualitaria. Si la reforma finalmente se hiciera, y dentro
de 10 o 15 años se constatara que tan generosa inversión sirvió sobre todo para
extender las vacaciones de algunos empleados varones y para consolidar que la
maternidad de las españolas sea la más devaluada de Europa, quizá entonces los políticos
españoles comprenderán que su implantación fue un error.
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