Maternidad y políticas: confusiones, falsedades y mandatos

Publicado en Píkara el 18 de junio de 2018 y en elDiario.es el 20

https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/maternidad-politicas-confusiones-falsedades-mandatos_129_2061754.html
https://www.pikaramagazine.com/2018/06/maternidad-y-politicas-confusiones-falsedades-y-mandatos/

Patricia Merino Murga,  autora de Maternidad, Igualdad y Fraternidad, ed. Clave Intelectual

Hasta hace relativamente poco el tema de la maternidad en política era inexistente. Como mucho se hablaba de conciliación obviando en todo momento la complejidad, la intensidad y las dificultades del proceso bio-psico-social que supone una gestación, un parto, una lactancia y una crianza.  Hoy la maternidad como cuestión ineludible en la reproducción humana que es, nos ha explotado a todos en la cara, espoleada por algunos asuntos problemáticos como son la maternidad subrogada, los problemas de fertilidad, la lactancia y bajas parentales, y las guerras judiciales en torno a la custodia de las criaturas.

Cuando desde el feminismo se ha abordado la cuestión de la maternidad, ha sido para denunciar su funcionalidad como yugo que somete a las mujeres: la maternidad como maldición biológica y patriarcal.  Pero creo que ha llegado ya la hora deshacer el malentendido que desde Simone de Beauvoir confunde al feminismo: la maldición que pesa sobre la maternidad es puramente cultural y socioeconómica,  no es inherente a la maternidad en sí, que de hecho, es una experiencia deseada por muchas mujeres. 

Son las instituciones que articulan las relaciones económicas y los derechos de ciudadanía, modeladas por una normatividad patriarcal, las que devalúan y precarizan la maternidad; unas estructuras que hoy en día se articulan en torno a la moderna oposición entre trabajo remunerado en el mercado, y trabajo doméstico y de cuidados gratuito o devaluado.  Por eso, en este tardocapitalismo, limitar la lucha por la emancipación a una hipotética futura participación plena e intensiva de todas y todos en el mercado laboral –que es el enfoque de la conciliación de todos los partidos, incluido el PSOE-- es un error. Las mujeres solo vamos a ser reconocidas como iguales cuando la maternidad sea reconocida como una aportación imprescindible,  fundacional y extremadamente valiosa para la sociedad. Y a medida que este reconocimiento se dé, los cuidados en general se verán también revalorizados.

El feminismo hegemónico (cuya posición analizo en este artículo) habla de maternidades esencialistas, pero hoy es también necesario hablar de cómo la esencialización de lo laboral-formal en nuestras vidas afecta a las ideologías y a las nuevas prácticas sociales. Un ejemplo de esta confusión y esencialización son los Permisos Iguales e Intransferibles (PII), una política cuya lógica interna recoge la idea de la maternidad como maldición y la del empleo como bendición.  Su diseño considera la maternidad un hándicap, una minusvalía de cara al mundo que se manifiesta en la deficiente posición de las mujeres en el mercado laboral. Desde esta lógica, las mujeres necesitan ser liberadas de esa maldición, y la liberación propuesta por los PII se concreta en igualar a los hombres en el perjuicio, imponiéndoles el mismo hándicap.  Es irónico que la maternidad, una potencia femenina de la que los hombres carecen, se contemple en este tipo de políticas como una minusvalía. Irónico y revelador porque este modo de representarla recuerda demasiado a viejas, muy viejas teorías y construcciones patriarcales en las que sistemáticamente la maternidad es devaluada y la paternidad magnificada: la apropiación paterna de la capacidad femenina de procrear ha sido una preocupación central de la mayoría de normas y cuerpos legales producidos por los patriarcados desde el albor de las civilizaciones.  Pero esta misma lógica devaluadora de la maternidad esencializa lo laboral, y por eso, es incapaz de hacer una crítica cabal de la actual organización del trabajo y del modo en que nuestras sociedades articulan el acceso a los derechos y a los recursos. Los PII no pueden ser “menos capitalistas”, puesto que son una política que consagra el empleo como única forma de trabajo a la que conceder valor social, una operación ideológica que es fundacional en el capitalismo.  

Una de las falsedades más recurrentes a las que los lectores y oyentes nos vemos sometidos  en lo relativo a los PII es que “nos acercarían a los sistemas de los países europeos más avanzados”. Por ejemplo, en el Diario Vasco del 18 de enero de 2018, en un artículo titulado Las diez claves por las que los vascos se resisten a tener niños, y que prepara el terreno para la introducción de las nuevas prestaciones del Gobierno Vasco para los papás, se puede leer: “Otros países europeos están avanzando mucho más deprisa en la dirección de impulsar la corresponsabilidad de padres y madres en el cuidado de los hijos, «por ejemplo implantando permisos de paternidad de igual duración que los permisos de maternidad e intransferibles»” .

Nada más lejano a la realidad. Las licencias parentales remuneradas en Europa alcanzan en Suecia los 16 meses, en Noruega, Finlandia y Alemania los 14 meses, en Dinamarca los 12 y en Reino Unido los 9. Y en todos estos países la mayor parte de la licencia remunerada es TRANSFERIBLE; de modo que las madres suecas pueden disponer, si así lo desean, de 13 meses remunerados de crianza; las noruegas, finlandesas, danesas, alemanas, austriacas, eslovacas  y checas de 12 meses; las francesas de 10 y las británicas de 9.

La implementación de unos PII como los contemplados en la proposición de ley que Podemos presentó al Parlamento o bien en su versión descafeinada del PSOE (que permite a padres y madres simultanear las 6 semanas obligatorias) otorgarían efectivamente a los varones españoles el privilegio de tener los permisos paternos intransferibles y remunerados al 100% más largos de Europa: 4 meses frente a los 3 de Suecia e Islandia, y los 2 de Noruega, Finlandia y Alemania;  mientras que las madres españolas, que con los PII no verían ampliada su baja en un solo día, seguirían siendo junto con las maltesas, las madres europeas con menos tiempo disponible de licencia remunerada. Incluso Islandia, una isla con una población como la de Córdoba, y paladín de la igualdad entendida como igualitarismo tiene 3 meses transferibles.

Es importante tener en cuenta que cuando en Suecia y Noruega se implementaron cuotas paternas intransferibles allá en los 90, las familias ya disponían desde hacía mucho tiempo de 12 meses de licencia remunerada completamente transferible para la crianza.  Aun hoy las mamás suecas siguen consumiendo al menos el 75 % de la licencia remunerada. María Pazos  afirmaba en una entrevista  que este “fallo” en la igualdad de los suecos se debe a un error cometido en 1974, cuando al aprobar medidas de tipo individualizador, los permisos, sin embargo, se hicieron transferibles. Lo que se pretende para España con los PII es evitar este error, ya que al parecer las suecas, a pesar de tener el Parlamento más igualitario de Europa, no han sido capaces de salir de esa “trampa” desde 1974.  El hecho es que no existe tal trampa. Lo que existe es la realidad biológica de la maternidad.

Parece razonable que observemos las experiencias de los países con más experiencia en el asunto a la hora de diseñar un sistema de permisos parentales: en Noruega, en 2014 se decidió reducir la cuota paterna intransferible de 14 a 10 semanas aumentando el periodo transferible, debido al escaso uso que los padres hacían de ella; y en Dinamarca, la cuota paterna tuvo una corta existencia, y fue erradicada en 2002. Pero estos datos no parecen preocupar a los lobbies que abogan por implantar en España unas licencias parentales igualitaristas.

Otro truco habitual de quienes abogan por estos permisos es presentar los PII como si fueran una demanda social acuciante: hace años que se va transmitiendo la idea de que la sociedad en general exige la implementación de estos permisos. En la entrevista antes mencionada, María Pazos afirma que en España “la sociedad no tolera”, el hecho de que el permiso de paternidad sea más corto que el de maternidad. Esto no se ajusta a la realidad.  La demanda de PII es la de un pequeño grupo de activistas y académicxs. La mayoría de la población del territorio nacional ni siquiera ha comprendido bien de qué se trata.  Y lo más alarmante es que ni siquiera se ha hecho un estudio serio y honesto de lo que las madres opinan al respecto y sobre cuál sería el modelo de licencias parentales que ellas preferirían. La opinión de las madres no se sabe y no interesa;  y esto no es en absoluto casual, quienes controlan el discurso y deciden qué estudios se hacen y cómo en temas de conciliación saben perfectamente cuál sería el resultado de dar voz a las madres que están criando: sería un clamor a favor de la ampliación de la baja materna, y es por eso mismo que tal estudio no se realiza. Las madres siguen siendo para el poder seres alienados, necesitados de que otras personas les guíen paternalistamente en su propia liberación.

Los que sin duda no toleran que los permisos de maternidad sean más largos que los de paternidad son algunos padres ya han aprovechado la actual coyuntura político-legal  –casi siempre favorable a ellos en un patriarcado--  para llevar al Tribunal Constitucional un recurso exigiendo la pronta implantación de estos permisos. Los españoles se declaran decididamente a favor de la igualdad, esto sí que ha quedado claro en otros estudios de opinión que sí se han hecho; aunque a la hora de pasar de la opinión al compromiso y repartir tareas en el ámbito privado hay evidencia de un estancamiento en roles de género tradicionales. También es tradicional el hecho de que el único tipo de familia que se contemple con estas licencias sea el biparental, cuando sabemos que cada vez un mayor porcentaje de familias son monoparentales. Pero muchas personas oyen la formula “permisos iguales e intransferibles” y creen haber dado con el nuevo talismán para la igualdad.

Ni la actual organización del trabajo, ni la contemplada en la propuesta de los PII ofrecen marcos adecuados para la maternidad y la crianza, por lo que las madres seguirán sufriendo exclusión (por parte de los empleadores y/o por decisión propia), por eso, hasta el día en que no se contemplen cambios más profundos en la organización del trabajo, la lucha por la igualdad tendrá mucho de resistencia. 

La implementación de unos PII en España no puede traer más igualdad. En primer lugar, porque la “discriminación estadística” que sufren las mujeres en el mercado laboral responde a mecanismos de solidaridad masculina que están en las bases del patriarcado y que excluyen sistemáticamente a las mujeres del acceso a estatus y a recursos. Es de una tremenda ingenuidad pensar que algo tan profundamente inscrito en la mayoría de las culturas del planeta pueda superarse con una medida laboral que además afectará solo a una parte de la población femenina. Acabar con el patriarcado no es algo que pueda plantearse para el corto ni el medio plazo. Pero además, con unos PII, el reparto desigual de los recursos y los derechos sociales estaría aún más desequilibrado que hoy.  El efecto antiredistributivo de su hipotética implementación presenta varias facetas. Por un lado, sabemos que el hecho de ser madre o no en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no es la variable más determinante para la inserción laboral de las mujeres; lo verdaderamente crucial aquí es la clase social a la que pertenecen: hay mucho más empleo formal, fijo y de remuneración alta entre las mujeres de clases medias y altas, por lo que ellas reciben hoy ya más prestaciones y de mayores cuantías por maternidad. También son los varones de clase media-alta los que acaparan mayor cantidad de empleo y mejor remunerado, y muy probablemente serían solo los varones privilegiados quienes estarían en posición de consumir el total de 16 semanas pagadas al 100% --los varones subalternos, bajo la presumible coerción de los empleadores consumirían solo la parte obligatoria de 6 semanas—, por lo que el efecto real de la medida sería canalizar más derechos y recursos hacia los estratos sociales altos.

El incremento de la desigualdad social nunca va a beneficiar a las mujeres: sabemos que hay una fuerte correlación entre equidad general e igualdad de género. Pero además, puesto que los varones tienen más y mejor empleo que las mujeres, la implementación de esta medida acabaría en resumidas cuentas destinando muchos más recursos y derechos a los padres que a las madres que han gestado y parido, o a las criaturas. Habría infinidad de casos en los que la madre carecería de cualquier derecho o protección social, mientras que el padre recibiría del Estado reconocimiento y recursos por su paternidad.  Al neopatriarcado no se le podría haber ocurrido un modo mejor y más simple de abundar en el enaltecimiento de la paternidad y la devaluación de la maternidad

Hay quien está convencido de que España es uno de los países más avanzados en políticas de género: un faro en el camino hacia la igualdad. Lo cierto es que si la igualdad tiene algo que ver con las condiciones sociales de las mujeres de un país  --muchas de ellas madres-- y con cómo un estado vela por su dignidad, me temo que estamos muy lejos de esta fantasiosa posición. Hace tiempo que bajo la etiqueta “feministas” o “igualitarios”  se vienen reivindicando e implementando normas y beneficios que han ido ampliando los derechos de los padres y de los colectivos LGTBI, pero que en poco o nada han mejorado la situación general de las mujeres como mitad de la población española que somos. Con la reciente ampliación de la baja paterna, por ejemplo, los permisos de paternidad han superado por primera vez a los de maternidad, y mientras que el presupuesto invertido en bajas maternas se mantiene prácticamente igual (+ 0,9%), el gasto público en permisos para los varones se ha incrementado en un 28%.

Basta de confundir a la gente. No hay nada igual a los PII fuera de nuestras fronteras, y la situación de la gran mayoría de las mujeres españolas no va a mejorar con su implementación.  Una licencia transferible de 6 meses sin embargo sí que introduciría un avance en igualdad, ya que haría posible que muchas mujeres no privilegiadas que no pueden hoy permitirse excedencias para prolongar su baja, dispusieran de más meses remunerados, y así el criar en dignidad dejaría de ser el privilegio de algunxs para pasar a ser un derecho de todxs.

Los PII no pueden poner coto al capitalismo y mucho menos desmontar el patriarcado; no nos orientan hacia un sistema más justo, más sensible y sostenible, sino todo lo contrario: avanzan por la senda de las exigencias del capital. Fueron diseñados  pensando exclusivamente en el empleo, no en las madres, ni en las criaturas, ni en lo que la maternidad es como experiencia y como diferencia entre los sexos. Su diseño participa de una lógica hiperconstructivista negadora del dualismo sexual y del vínculo primal madre-criatura que hoy también sirve de base argumental para prácticas como la imposición de custodias compartidas, la normalización de la apropiación tecnológica de la reproducción,  y la maternidad subrogada;  todos ellos fenómenos que giran en torno a la maternidad, y que son manifestaciones de una nueva mutación del patriarcado, una mutación centrada en la muy patriarcal expropiación de la capacidad procreadora de las mujeres, y que busca ejercer un mayor control sobre la maternidad a base de fragmentarla, reducirla a la mínima expresión, y adaptarla a los requerimientos del actual mandato patriarcapitalista: gestar y parir eficazmente para poco después del parto renunciar de uno u otro modo a las criaturas.