Publicado el 13 de noviembre 2019 en elDiario.es
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/permisos-iguales-intransferibles-conciliacion-necesita_129_1253943.html
Patricia
Merino Murga
El pacto Sánchez-Iglesias sanciona e impulsa la implementación de los permisos iguales e intransferibles en España con la ampliación de los permisos paternos que a día de hoy son ya de 8 semanas. Aunque se habla de “incremento” y “mejora” de los permisos parentales, el hecho es que el único permiso que se ha incrementado es el paterno. Los datos del Ministerio de Trabajo nos dicen que ya hay más hombres que cobran prestación por paternidad (140.716 en 2019), que mujeres por maternidad (124.867 en 2019). Es más, las prestaciones por maternidad, han disminuido un 2% respecto a 2018, mientras que las de paternidad han aumentado un 10,23%.
El hecho político consumado es que los permisos iguales e
intransferibles son una medida que asigna nuevos derechos y canaliza gasto
público a los padres y no a las madres. Pone en valor la paternidad y deja a
las madres a la merced de las coacciones del mercado laboral; en vez de
mitigar, agrava la invisibilidad, la precariedad y la banalización de la
maternidad en el capitalismo tardío.
Muchas mujeres nos preguntamos ¿verdaderamente es esta la
medida de conciliación que este país necesitaba? A las feministas, la natalidad
no nos preocupa desde planteamientos nacionalistas y economicistas --hoy la
mayoría de las mujeres no traemos criaturas al mundo para sostener pensiones y
hacer funcionar la rueda del capital-- pero sí nos importa todo aquello que
condiciona y coacciona las decisiones de las mujeres, como lo hacen las estructuras
socioeconómicas que degradan la vivencia de sus maternidades deseadas.
España dedica a la protección social de maternidad y crianza
la mitad de la media de la UE 28 (2,4%
del PIB en la UE 28 y 1,3% en España en 2016, últimos datos completos en Eurostat).
Si desglosamos este gasto en Infancia/Familia según los diferentes tipos de
intervención social que hay (beneficios fiscales, servicios y prestaciones
monetarias) vemos que España dedica a la función Infancia/Familia en
transferencias monetarias ¡solo la tercera parte de la media de la UE 28! Las transferencias
monetarias (por ejemplo las prestaciones universales por hije a cargo) son prestaciones
fundamentales cuando hablamos de verdadera igualdad y de lucha contra la
pobreza. Son un tipo de beneficio que contribuye a la redistribución de las
rentas el doble que los impuestos[1]: si se
recorta en transferencias sociales aumenta la desigualdad. Pues bien, España, en
transferencias sociales para la infancia, es el país que menos invierte de toda
la UE 28.
Con este panorama no puede sorprender que siempre estemos a
la cabeza de Europa en tasas de pobreza infantil, ni que España sea de los
pocos países europeos que carece de una prestación universal de ayuda a la
crianza; pero lo que resulta desesperante es que cuando por fin en nuestro país
se aprueba destinar una partida del presupuesto para Infancia/Familia a
transferencias monetarias ¿a quién van destinadas? A los padres. La ampliación
de la remuneración de los permisos paternos es además una prestación que solo
reciben los y las asalariadas, en un país donde los índices de paro e
inactividad son muy altos y donde al menos un 30 % de las criaturas nacen de
madres sin empleo.
Los permisos iguales e intransferibles no solo no contribuyen
a la igualdad, sino que perseveran y acrecientan algo que es un rasgo típico de
la protección social en España: su carácter familiarista, antiredistributivo y regresivo.
Siguiendo las lógicas familiaristas, la protección social siempre
va a preferir canalizar recursos hacia los asalariados y los mayores, y también
privilegiará la asignación de prestaciones de acuerdo con criterios que refuercen
los lazos familiares entre adultos (matrimoniales y familia extensa); pero
evitará sistemáticamente destinar beneficios a la infancia, y a la maternidad
como algo propio de las mujeres. La vulnerabilidad socioeconómica derivada de
la crianza se rechaza en los sistemas familiaristas como criterio suficiente
para la asignación de beneficios sociales; algo que en los países nórdicos es
precisamente uno de los pilares de sus sistemas de bienestar.
Para entender cómo opera este reparto antiredistributivo y
familiarista de los recursos sociales, pondré un ejemplo de los muchos
posibles: el estado español destina a la protección de la infancia y la crianza
el 1,3% del PIB y a la protección de “Supervivientes”,
es decir a pensiones de viudedad, el 2,3% del PIB (Eurostat, datos para 2016). Las pensiones de viudedad son un derecho
derivado típicamente familiarista, y son pensiones no sujetas a comprobación de
rentas, por lo que no son un beneficio redistributivo; eso no impide que el Estado
español destine a viudos y viudas casi el doble de presupuesto de lo que
destina al bienestar de toda la infancia del país. En la lógica familiarista, el
bienestar de las criaturas no es algo que atañe al Estado: no se piensa en
términos de corresponsabilidad del Estado en la crianza, sino que la crianza se
considera un asunto privado que se resuelve en el interior de las familias (asumiendo
que son siempre biparentales y que tienen dos empleos formales). La maternidad
como algo que afecta a las mujeres de manera diferencial no existe. El Estado vela
únicamente por la igualdad laboral, y según
la visión neoliberal de la redistribución, las gentes encontraran los recursos
que necesitan en el mercado.
Esta lógica modela un
sistema en el que madres y criaturas tienen siempre un riesgo pobreza muy
superior al resto de la población, y esto podemos verlo en los datos que analizan
la pobreza en el estado español. Al analizar el riesgo de pobreza por tipo de hogar hay una constante a lo
largo de los años: los hogares donde sí hay menores tienen siempre más
probabilidades de estar por encima de la media en riesgo de pobreza, y los
hogares donde no hay menores van a estar por debajo. En España la presencia de
menores en el hogar es un factor determinante de la pobreza.
El sistema familiarista, que es patriarcal, está orientado
hacia un objetivo primordial: preservar el rol fundamental de la familia y su
cohesión. Para ello nada mejor que la precarización de la infancia, la crianza
y la maternidad. Si la crianza es económicamente imposible fuera del marco de
una familia biparental matrimonial, e incluso, sin el apoyo de la familia
extensa, la reproducción del sistema familiarista esta asegurada. La
precarización de la crianza garantiza que la sociedad va a recrear
continuamente el sistema en un círculo (¿solidario o vicioso?) que se
retroalimenta: Ausencia de prestaciones del Estado para la crianza – Precariedad
de madres y criaturas -- Necesidad de la
Familia como fuente de recursos – Refuerzo de las cohesiones
familiaristas (familia nuclear matrimonial y extensa) -- Estímulo y legitimación para la inhibición
del Estado en la protección de la crianza.
Familiarismo y capitalismo coinciden en su visión de la
maternidad y la crianza, y los permisos
iguales e intransferibles son un buen ejemplo de esta sinergia: por un lado, la
maternidad es abordada como una anomalía, una disrupción en el mercado, y así, se
respeta el dogma capitalista que establece que solo a través del mercado se
pueden canalizar derechos y recursos. Al
mismo tiempo, esta negativa a destinar recursos a la maternidad y a las
criaturas se pliega al criterio familiarista y patriarcal que considera que la
crianza es un asunto familiar privado y expropiado a las mujeres, y al reproducir
la inhibición del Estado en la protección de las criaturas, se satisfacen
además las exigencias neoliberales de austeridad en la protección social, especialmente
si ese gasto que no va destinado directamente a los “trabajadores”.
Los permisos iguales e intransferibles has sido diseñados respetando
criterios familiaristas y capitalistas. Por eso, cuando oigo a personas bienintencionadas
decir que el permiso materno efectivamente debe ser ampliado, pero que es bueno
que los papás tengan 4 meses intransferibles, me preocupa la falta de realismo
político. En un contexto socioeconómico que
restringe el gasto social en
general, y en un país donde las lógicas familiaristas están perfectamente
incorporadas en la gestión del gasto social y en las mentes de políticos y ciudadanía,
es muy muy improbable, por no decir inconcebible, que tras el esfuerzo
presupuestario realizado para otorgar 4 meses intransferibles a los padres,
vaya a existir la posibilidad de ampliar los permisos de las madres en los próximos
años, al menos con un nivel de remuneración aceptable. Hasta lograr el apoyo y
el reconocimiento social de la maternidad necesario para poder optar a cuidar
de nuestras criaturas durante al menos un año, las madres seguiremos luchando.
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